Gobierno se reparte L 1.200 millones incautados sin esperar al juez

El Estado ya puede usar el dinero incautado al crimen sin esperar a que un juez decida si ese dinero es, de verdad, de origen ilícito. El Decreto 227-2026, publicado en La Gaceta, reforma el artículo 78 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito y permite distribuir de forma anticipada los fondos líquidos que guarda la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), según El Heraldo.

Se trata de unos L 1.200 millones en cuentas bancarias, depósitos en efectivo, valores, productos financieros e intereses, todos a la espera de sentencias firmes.

Quién recibe el dinero

Según el decreto citado por El Heraldo, el reparto queda así:

• Secretaría de Defensa: 25 %
• Secretaría de Seguridad: 25 %
• Ministerio Público: 15 %
• Poder Judicial: 15 %
• OABI: 10 %, para administrar y conservar los bienes
• Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación (DNII): 5 %
• Agencia Nacional Contra el Crimen (ANC): 5 %

Las transferencias las aprueba el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) mediante un acuerdo “debidamente motivado”, y ese consejo puede autorizar el reparto anticipado de hasta el 100 % de los fondos líquidos.

Y si un juez ordena devolverlo

Ahí está el punto delicado. El decreto establece que, si un juez ordena devolver los bienes, el Estado restituirá el capital y los intereses con cargo al presupuesto general. Es decir, con dinero de todos. La Secretaría de Finanzas debe registrar lo transferido como una obligación contingente de restitución.

La versión oficial

El decreto sostiene que la medida “no modificará la naturaleza cautelar de la incautación” y que no significa decomiso, traspaso de propiedad ni que el Estado se convierta en dueño. También prohíbe repartos que afecten los derechos de las víctimas o los compromisos de cooperación internacional, y deja fuera el dinero incautado en el caso Koriun, cuyas víctimas esperan recuperar sus ahorros.

La pregunta que queda es quién controlará en qué se gastan esos L 1.200 millones, si el reglamento del CNDS ya existe, y cuánto podría costarle al presupuesto si los tribunales fallan a favor de los dueños.