El Gobierno puso fecha a la salida de los empleados públicos identificados con Libertad y Refundación (Libre). Luis Castro, secretario privado de la Presidencia, dijo que a partir del 1 de enero de 2027 no deberían quedar en las instituciones del Estado personas vinculadas a ese partido, informó La Prensa.
Castro habló durante un encuentro con militantes del Partido Nacional y se dirigió directamente a los funcionarios presentes: “A los ministros que están aquí: tienen hasta el 31 de diciembre para sacarme al último Libre de esas instituciones”.

Según el funcionario, esos espacios deben ocuparlos integrantes del partido que ahora gobierna. Recordó que, cuando Libre llegó al poder en 2022, también hubo despidos de trabajadores identificados con el nacionalismo.
“No se necesita ser malcriado”
Castro pidió que los cambios se hagan sin confrontaciones y que quienes salgan reciban sus prestaciones. “Para hacer eso no se necesita ser malcriado”, dijo. Y agregó: “No se le están violentando los derechos, se le están pagando sus prestaciones”.
El secretario también habló del costo de las demandas laborales que heredó la actual administración: “Nosotros entramos el 27 de enero con 4,700 millones en pagos de demandas”. La nota no precisa la moneda ni el periodo de esa cifra.
Lo que queda en el aire
La Prensa solo recoge la postura de Castro. No incluye la reacción de Libre, de los sindicatos del sector público ni de los trabajadores afectados.
El tema no es nuevo en Honduras: cada cambio de gobierno trae despidos de empleados identificados con el partido saliente, y muchos terminan en demandas contra el Estado. Esas demandas son precisamente las que, según Castro, ya le cuestan millones al Gobierno.
La pregunta que queda es cuántos empleados serán despedidos, con qué criterio se definirá quién está “vinculado” a Libre y si el Estado tendrá fondos para pagar las prestaciones y las nuevas demandas que podrían llegar.
Claves
- Plazo: 31 de diciembre de 2026, según Luis Castro.
- Afecta a empleados públicos vinculados a Libre.
- Castro dice que se pagarán prestaciones y que “no se le están violentando los derechos”.


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